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Jose-Christian Paez | Pineda de Mar
Por si el crimen de Federica Squarise, en Lloret de Mar no fuera
suficiente, el litoral catalán continúa mostrando una faceta hasta
ahora desconocida respecto a la manera de tratar a los ciudadanos
italianos. Ahora se agrega que el Centro de Atención Primaria (CAP) de
salud de Pineda de Mar, niega la atención sanitaria a la ciudadana
italiana Gabriela Pastrello.
Cuando Gabriela acudió al centro de
salud correspondiente a su domicilio, durante los primeros días de
junio de 2008, se le entregó un papel con los requisitos que debería
cumplir para tener derecho a la salud. Los requisitos son cinco: 1.
Original del certificado de empadronamiento; 2. Fotocopia del pasaporte
del país de origen (en este caso Italia) y en vigencia; 3. Fotocopia
del DNI (presentó su NIE, número de Identificación de Extranjero); 4.
Fotocopia del Libro de Familia; 5. Fotocopia del documento de la
Seguridad Social en el cual aparezca el número de afiliación.
Días
después la ciudadana comunitaria acudió al centro de salud con toda la
documentación en regla, pero los funcionarios, al ver que cumplía con
todos los requisitos, agregaron otro: "Tiene que estar trabajando, es
un error que le hayan otorgado el número de afiliación a la Seguridad
Social", se entiende que a la Seguridad Social de España que no es
catalana porque Cataluña no es España, Cataluña es Cataluña y tiene sus
propias reglas.
Según este concepto las 2.381.500 personas que
según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de
Estadística se encuentran en el paro, no tienen derecho a la salud, no
se pueden enfermar. Quizás la suerte sea para las 2.088.600 personas
que están en el paro porque no viven en Cataluña y la fatalidad para
las 292.900 personas paradas que viven en esta autonomía donde los
funcionarios se regirían por normas propias.
Por cierto, de esta
manera la salud catalana niega el derecho a la salud que garantiza la
Constitución Española que en el artículo 43.1. establece que "se
reconoce el derecho a la protección de la salud" y en el artículo 39.1.
que "los poderes públicos aseguran la protección social, económica y
jurídica de la familia." Pero quizás deba entenderse que la
Constitución Española no es el Estatuto de Cataluña, que Gabriela y
todos quienes están en el paro están protegidos por una Constitución
que rige, por ejemplo, en Madrid, pero que en Cataluña es otra cosa.
Pareciera que tampoco sirve de mucho que el presidente del gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, haya dicho que aunque estén en el paro
todas las personas tienen garantizada en España la protección social,
quizás no mucho, porque en Cataluña el "President" es otro José, además
de apellido Montilla, que el "govern" catalán nada tiene que ver con el
gobierno español.
Porque además lo de Gabriela es inentendible.
Llegada hace dos meses a tierras catalanas, no está trabajando porque
quiere dedicarle unos meses de apoyo a su hijo de cinco años para
ayudarle en su adaptación a un medio social que le exigirá la
"inmersión lingüística" al catalán. Es que tal vez habría que
considerar que el artículo 35.1. de la Constitución Española preceptúa
que "todos los españoles tienen el deber de trabajar", pero también el
39.1. que dicta "los poderes públicos aseguran la protección social,
económica y jurídica de la familia", y sin embargo, ¿cómo se puede
pretender proteger económica y jurídicamente a la familia si se
cuestiona el rol materno, el que una madre no se inserte en el mercado
laboral porque opta por cuidar a su hijo?
Lo ocurrido con el
centro de salud de Pineda de Mar, dependiente del Instituto Catalán de
Salud (ICS), demuestra que la salud y el trato a los comunitarios en
tierras catalanas distan bastante del estándar europeo y se contraviene
con los intereses de la Comisión Europea. Mientras tanto, ciudadanos
como Gabriela continuarán siendo mancillados en su dignidad y ello
incrementará (de manera gratuita) las injusticias diarias que enrarecen
el aire de una sociedad. Es otra vulneración a la Constitución
Española, esta vez al artículo 15 que establece de manera clara: "Todos
tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en
ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos
inhumanos y degradantes". Las lágrimas de impotencia de Gabriela
conocen bien este trato "inhumano y degradante".
Notas
Entre otros preceptos la Constitución Española garantiza:
Artículo 39.1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
Artículo 43.1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
Artículo
43.2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud
pública a través de medidas preventivas y de las prestraciones y
servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y los deberes de
todos al respecto.
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